➡️ Las familias demandan que las autoridades identifiquen la unidad y a los responsables, garanticen acceso a la verdad, reparación integral del daño y no repetición
Redacción El Piñero
Oaxaca, México.- A casi un mes de los hechos, familiares y habitantes de la región exigen verdad, justicia y una investigación imparcial por la muerte de un joven motociclista, ocurrida en un contexto de presunta responsabilidad de una unidad oficial y ausencia de información pública, lo que ha encendido alertas en materia de derechos humanos.
El caso ocurrió el 27 de noviembre de 2025 sobre la carretera federal 175, en el tramo Palo Grande–Monjas, donde Álvaro Patricio Díaz, de 21 años, fue atropellado mientras circulaba en su motocicleta. De acuerdo con testimonios familiares, el vehículo involucrado habría huido del lugar con dirección a Miahuatlán de Porfirio Díaz. El joven fue trasladado a un hospital del IMSS, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.
Tras el hecho, versiones no oficiales difundidas en redes sociales apuntaron a que la unidad podría corresponder a la Guardia Nacional, a la Policía Municipal o a Protección Penitenciaria; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado el origen del vehículo. Parte de estas referencias circularon a través de la página comunitaria Ojo de Agua Miahuatlán.
Ante la falta de esclarecimiento institucional, la familia emprendió indagaciones propias. Según su testimonio, personas presuntamente vinculadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 13, ubicado en Mengolí de Morelos, habrían señalado que dos custodios regresaban de la ciudad de Oaxaca cuando ocurrió el incidente.
Asimismo, se denunció que unidades oficiales recién entregadas circulaban sin placas, y se acusó a la dirección del penal de posible ocultamiento de evidencia, señalamientos que incrementan la preocupación ciudadana y refuerzan la exigencia de una investigación independiente, transparente y con enfoque de derechos humanos.
Las familias demandan que las autoridades identifiquen la unidad y a los responsables, garanticen acceso a la verdad, reparación integral del daño y no repetición, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
