Jaime GUERRERO
En medio de tibios cuestionamientos que se trasformaron en cifras y en respaldo al gobierno de Salomón Jara Cruz, la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Reyes López, informó que hay 19 expedientes derivados de denuncias por venta de plazas.
Cómo parte de la Glosa del Segundo Informe del Gobernador, Salomón Jara Cruz, externó que las denuncias las presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Administración hizo lo propio ante la Secretaría de Honestidad para las sanciones a los servidores públicos por ejercer funciones que no les corresponden.
Ante las y los legisladores de comisiones permanentes, la funcionaria indicó que hay hay denuncias penales por auditorías del sexenio pasado que dejó un recurso aún sin comprobar.
La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública realizó 20 auditorías por ejercicio y concluyó el programa de auditorías 2023 con un monto fiscalizado de 23 mil 525 millones de pesos, y obtuvo 185 observaciones, con 50 recomendaciones.
De eso, obtuvo un monto observado de 3 mil 960 millones de esos que se turnaron a la dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría. Además obtuvo 14 expedientes por las irregular detectadas por las irregularidades detectas.
Del sexenio pasado revisaron el Decreto 809 y el tema del cartel de despojo que dejó una falta de rendición de cuentas de más de 3 mil millones de pesos que no han podido comprobar y por eso hay denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Dijo que se turnaron las denuncias correspondientes y las faltas administrativas al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.
“De las auditorías, ya caminaron a tener denuncias penales, así como la entrega recepción, no sólo se está revisando en la vía administrativa para las responsabilidades, sino en la vía penal, por los delitos que puedan configurarse”, refirió.
Mientras tanto, dijo que a la actual administración del gobierno de Salomón Jara, la Auditoría Superior de la Federación (ASFE) aplicó 25 auditorías y de todo el recurso federal de registró un 0.9 % de observaciones que están en etapa de seguimiento a la cual darán.
Ese porcentaje representa 237 millones de pesos aproximadamente, de una bolsa de más de 25 mil millones, cifra que corresponde a obras realizadas por la Secretaría de Infraestructuras y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied) y que están en el punto de aclaración
“No tenemos al día de hoy un desvío de parte de las instancias revisoras”, refirió.
En la participación de las y los representantes de las fracciones parlamentarias, se dieron preguntas que simularon cuestionamientos, a excepción de Alejandra García Morlan, del MC y de Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional. No obstante, la mayoría fue para adular la transparencia de este gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz.
La y el diputado mencionaron, cifras de los bajos niveles de percepción de honestidad, que hay en la función pública, y en el actuar de las y los funcionarios.
García Morlan , mencionó la supresión de plazas y preguntó sobre cuántos procedimientos inició esta Secretaría por la venta de estos espacios, porque de no dar una respuesta, este gobierno será cómplice del silencio y la inacción de los actos de corrupción del gobierno pasado.
“La honestidad, no es sólo un eslogan, es una práctica cotidiana, que este gobierno deberá ejercer para que no sea recordado como los anteriores”, dijo.
Por su lado el diputado priista, solicitó que se mejoren los sistemas de combate a la corrupción para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y resultados concretos.
Cuestionó que de 2271 expedientes de quejas contra el funcionariado que recibieron al llegar, avanzaron en 1119 sanciones y se sumaron 1013 expedientes más por lo cual, ya son 2153 carpetas actuales, con lo cual, dejó entre ver que la corrupción sigue en la administración pública.
Por su lado el diputado Plural, Mauro Cruz y el morenista Marcelino Sánchez Valdivieso, expresaron el respaldo a al política de rendición de cuentas de las dependencias y entidades.
Mientras tanto, la diputada Concepción Rueda Gómez, como presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto, destacó la importancia de garantizar la igualdad de género en las contralorías, ya que se ha demostrado que las mujeres tienen una mayor capacidad para la administración de recursos.
