Jaime GUERRERO
Oaxaca.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) reportó, que han inhabilitado para ocupar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público del Estado y Municipios de Oaxaca a 51 funcionarios de administración del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo y de la actual de Alejandro Murat Hinojosa, por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
Las dependencias involucradas son los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y de la Secretaría de las Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra).
A los 51 funcionarios, se les aplicaron 103 sanciones económicas, por un monto superior a los 239 millones 252 mil 24 pesos, informó el titular de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro.
Destacan entre los casos, el exsecretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca (STyDE), José Zorrilla de San Martín Diego, recientemente sancionado; el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos; el extitular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra, ahora Semovi), Carlos Moreno Alcántara; así como los exsecretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas.
Díaz Navarro, reportó que recibió de la Administración de Cué Monteagudo, 238 expedientes de responsabilidad administrativa de servidores públicos de la anterior administración, y en lo que va de la administración de Murat Hinojosa, se han iniciado más de 1 mil 520 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas.
De acuerdo a Díaz Navarro, la imposición de sanciones administrativas obedece a la comisión de faltas administrativas, derivado de estas conductas, se inicia el procedimiento disciplinario correspondiente, cuya consecuencia es la imposición de una sanción administrativa, que puede ser desde una amonestación, alguna sanción económica, hasta la inhabilitación temporal para desempeñar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público.
Entre las conductas más sancionadas se encuentran: la omisión o presentación extemporánea de las declaraciones de situación patrimonial; inobservancia de la normatividad presupuestal; negligencia administrativa; desvío de recursos públicos; no observar las normas de trato adecuado con sus compañeros de trabajo; así como por no cumplir con la máxima diligencia sus labores como servidor público.
Por lo pronto, destacó que durante su gestión se han resuelto 1 mil 3 expedientes, a través del área de responsabilidades de esta Dependencia. A la fecha se encuentran en trámite una cifra superior a los 517 expedientes de responsabilidad administrativa.
Y como resultado de los expedientes resueltos, se han inscrito más de 881 sanciones, lo que representa un 88 por ciento, destacó, de eficacia en la resolución de expedientes de responsabilidad administrativa iniciados, al haber culminado con sanción respectiva.
