➡️Los representantes legales de Vera Carrizal aseguran que la razón principal de la demora en el inicio del juicio es la demanda de compensación financiera exorbitante de la saxofonista
Redacción El Piñero | Jaime Guerrero
Oaxaca – Los abogados de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI en Oaxaca, han revelado que la prolongación del juicio en su contra por tentativa de feminicidio contra la diputada federal suplente de Morena, María Elena Ríos, se debe a una supuesta exigencia de 85 millones de pesos por parte de la víctima.
Vera Carrizal ha estado bajo proceso judicial desde que fue imputado por el ataque con ácido contra Ríos, un crimen que conmocionó a la opinión pública y generó una amplia cobertura mediática. Según los abogados del exlegislador, no existe ninguna prueba que lo responsabilice como autor material del ataque.
CONTEXTO DEL CASO
En septiembre de 2019, María Elena Ríos sufrió un brutal ataque con ácido que le causó graves lesiones. El incidente provocó indignación nacional e internacional, y Ríos se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México. Vera Carrizal fue detenido y acusado de ser el autor intelectual del ataque, aunque ha mantenido su inocencia.
ALEGATOS DE LA DEFENSA
Los representantes legales de Vera Carrizal aseguran que la razón principal de la demora en el inicio del juicio es la demanda de compensación financiera exorbitante de Ríos. Además, sostienen que las investigaciones han identificado al menos nueve líneas diferentes y que ninguna de ellas presenta pruebas concluyentes contra su cliente.
Los abogados también criticaron a Ríos por presuntamente denostar a los jueces encargados del caso, lo que ha llevado a la sustitución de cinco juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJ). Según ellos, estos cambios responden más a caprichos personales que a necesidades judiciales.
POSIBLE LIBERACIÓN
Los defensores de Vera Carrizal han estimado que su cliente podría ser liberado en breve por decisión de un juez federal de distrito, lo que añade otra capa de controversia al caso. Esta posible liberación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos y organizaciones que luchan contra la violencia de género, quienes temen que la justicia no se cumpla en su totalidad.
