Redaccion | El Piñero
Veracruz.– La tarde-noche del 17 de septiembre la calma de Santiago Sochiapan se quebró de golpe. En una bloquera a las afueras de la cabecera municipal, el exalcalde Ignacio Pablo y su colaborador José Pacheco cayeron sin vida tras un ataque con arma de fuego. La noticia corrió como reguero de pólvora: un político conocido y un trabajador acababan de engrosar la larga lista de la violencia que, en Veracruz, parece llevar calendario propio.
Los reportes señalan que ambos se encontraban en el centro laboral del exedil cuando fueron sorprendidos por la agresión. Vecinos escucharon las detonaciones, después llegaron patrullas, sirenas y el acostumbrado cerco policial que aparece siempre después del desastre, como si las cintas amarillas pudieran devolver la tranquilidad a una comunidad sacudida.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, fiel a su guion institucional, emitió un comunicado donde asegura que “no habrá impunidad” y que ya se realizan investigaciones. Mientras tanto, en Sochiapan los habitantes miran con escepticismo los operativos desplegados: saben que los uniformados llegarán, patrullarán un par de días y luego se marcharán, dejando tras de sí la misma pregunta de siempre: ¿quién responde cuando la seguridad pública se reduce a boletines y promesas recicladas?
