Por Ines Garcia Nieto | EL PIÑERO
En Oaxaca, esta joven mujer es una de las 5 mil personas desplazadas de la tierra que las vio nacer de 2019 a la fecha.
Victoria Jiménez, habitante de Cerro Caliente, población perteneciente al municipio de Santiago Jocotepec del distrito de Choapan, salió de su comunidad en junio de 2019. Ese año fue llevada a un refugio en la ciudad de Oaxaca, junto con sus cuatro hijos por el peligro que corría como defensora comunitaria de este lugar rico en producción agrícola.
Ella se dice indígena chinanteca, razón por la cual conoce el sabor de la marginación tanto de funcionarios como de hombres que ven a la mujer y al indígena como un ser sin valor, razón que la hizo tomar la decisión de ser parte de una naciente organización que lucha por la dignidad de la población marginada en Oaxaca, en todas sus formas.
Esta organización se denomina Utopía Popular Magonista, y ella mención que su sueño, su anhelo como ser humano es tener una vida digna al lado de sus hijas, de su familia a la que no ve desde hace cinco años, y de los habitantes de Cerro Caliente, quienes día a día luchan en sus propias fuerzas por una vida mejor.
En compañía de la pobreza donde hoy vive, Victoria habla con entereza de la lucha que aun libra, pues, aunque algunos de los hombres involucrados en su desplazamiento están purgando cien años de cárcel, otros más andan “a salto de mata” y ellos pueden cumplir su amenaza de acabar con su vida.
Su historia es valiosa por los beneficios logrados a través del ramo 033 para Cerro Caliente, junto con otros habitantes del pueblo, pero su caso es en extremo delicado, por lo que se omiten nombres y hechos. Su caso está muy bien documentado por la secretaría de Gobernación federal y estatal y por la Comisión de Protección referida, pero aun así se le retiraron los beneficios como desplazada.
Victoria Jiménez declara que, en una de las reuniones sostenidas con el secretario de Gobierno de Oaxaca en 2023, Jesús Romero López, ella insistió que necesita del refugio y ayuda para sacar adelante a sus hijas, pero el funcionario le dijo que no hay una ley que le obligue a ello.
–Yo y muchas otras personas desplazadas, según atendidas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, estamos abandonadas, sobrevivimos como podemos. Nuestra realidad es contraria al panorama que los funcionarios tienen sobre nosotros. Su postura no solo es ineficiente, sino cruel.
Ella menciona que este 9 de septiembre mandó una nueva solicitud de medida de seguridad a Romeo Jiménez García, jefe del Departamento de la Unidad de Evaluación de Riesgo del Mecanismo de Protección de la Subsecretaría de Gobernación de la ciudad de México, señalando su calidad de desplazada con el número de folio MEC/CEN/D/E72019, pero ninguna respuesta ha recibido, pese al riesgo que a diario vive.
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado el 25 julio 2012 en el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México, pero como la inseguridad crece en el país, el organismo necesita una revisión urgente, considerando la experiencia actual de los desplazados, ya sean activistas o periodistas.
Según la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, por el tema violencia, en Oaxaca hay 5 mil 499 personas desplazadas en solo 3 años, siendo la mayoría habitantes indígenas.
En 142 expedientes de queja, los casos ocurrieron en comunidades indígenas. Por región, 63 casos ocurrieron en la Sierra Norte, 35 en los Valles Centrales, 26 en la Mixteca, 22 en la Sierra Sur, 5 en la Cuenca del Papaloapan, 4 en el Istmo de Tehuantepec y 3 en la Costa.
Elizabeth Lara dijo que las recomendaciones que emite el organismo a su cargo son que se debe reconocer el desplazamiento forzado interno como algo que genera violaciones a derechos humanos, identificar las causas estructurales, contar con un marco normativo, contar con información cualitativa y cuantitativa, diseñar políticas públicas y un programa integral de atención.
La reparación integral del daño a las víctimas y mejorar la coordinación interinstitucional, no es solo una opción para los desplazados sino un derecho que debe hacerse valer.
La DDHPO aseguró que en enero de 2024 presentó un proyecto de reforma constitucional para procurar una atención integral a las víctimas, pues las víctimas de desplazamiento forzado en Oaxaca sufren daños físicos, materiales, psicológicos, comunitarios y el desarraigo.
