➡️Hasta el momento, no hay personas detenidas por este homicidio, pero la imprudencia institucional ya ha encendido focos rojos.
Eugenio GONZÁLEZ | El Piñero
Oaxaca de Juárez, México. – Este viernes, desde el palacio de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Iván García Álvarez, reveló públicamente el nombre de un testigo clave que presenció el homicidio de una persona conocida como “El Rubio”, ocurrido la mañana de este viernes en la Central de Abasto.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal ofreció detalles del crimen y de la actuación policial tras el ataque, pero cometió una grave omisión de protocolos al dar a conocer la identidad del hombre que identificó a los presuntos responsables del asesinato.
El testigo, oriundo de Puebla, identificado por García Álvarez con nombre y edad, habría presenciado el momento en que dos individuos, conocidos en la zona como “El Catracho” y “El Barbas”, interceptaron a “El Rubio” frente a una tienda cerrada con razón social Dulces Fiestas, ubicada en la avenida Mercaderes. Tras acusarlo de haber robado un teléfono celular, uno de los agresores disparó en su contra, provocándole la muerte instantánea.
“El Rubio” —un hombre de aspecto crónico, señalado por la policía como presunto responsable de robos a transeúntes en la Central de Abasto— recibió un impacto de arma de fuego en la espalda baja. En el sitio se encontraron dos impactos más en la cortina metálica del negocio, de acuerdo con los reportes policiales.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos que confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Posteriormente arribó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.
Aunque el secretario García Álvarez aseguró que ya se cuenta con una fotografía del presunto agresor y una línea de acción para su localización, el haber hecho pública la identidad del testigo no solo representa un riesgo directo para su integridad, sino que compromete el desarrollo de la investigación y pone en entredicho el protocolo de manejo de información sensible por parte de las autoridades.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad han reiterado que proteger a quienes colaboran en procesos judiciales es una obligación del Estado, y cualquier filtración puede traducirse en represalias mortales, sobre todo en contextos marcados por la presencia del crimen organizado.
Hasta el momento, no hay personas detenidas por este homicidio, pero la imprudencia institucional ya ha encendido focos rojos.
