Redacción Julioastillero.com
México.- Seis meses después de haberlo emitido y sostenido, el gobierno federal reconoció su “error” y “violación legal” y determinó la “nulidad” del oficio DGCD/250/2021 que ordenaba dejar fuera de protección ambiental 1805 hectáreas en las que empresarios han proyectado construir un desarrollo inmobiliario de gran lujo.
El responsable formal del “error” (por no haber avisado de tal oficio a su superior inmediato) es César Sánchez Ibarra, todavía director general de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cargo de María Luisa Albores González, secretaria que ya había reconocido dicha pifia al ser entrevistada en Astillero Informa, sin precisar cuál sería la sanción para Sánchez Ibarra y el titular de la Conanp, Roberto Aviña Carlín.
Mediante el oficio F00/0217/2021, del 24 de noviembre del año en curso, pero notificado en diciembre, Aviña Carlín informa a las autoridades comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito que la “exclusión” de las 1805 hectáreas del Área Natural Protegida fue un “acto administrativo expedido por un servidor público sin atribuciones para tales efectos (incompetente)”, pues Sánchez Ibarra “no cuenta con facultades para determinar las superficies que se han de excluir del polígono que se declarará como área natural protegida”.
En el oficio, que consta de nueve páginas , el director general de la Conanp, Aviña Carlín, explica de diversas maneras que su subordinado, Sánchez Ibarra, no tiene facultades para haber emitido el oficio en cuestión, es decir, para “modificar” las dimensiones de “una superficie previamente establecida” como ambientalmente protegida.
En caso de que Sánchez Ibarra hubiera considerado “pertinente excluir o añadir hectáreas a la superficie previamente determinada” como protegida, “deberá someterlo con antelación a consulta del Comisionado Nacional (Aviña Carlín) para que este analice su procedencia o improcedencia, así como las implicaciones que pueda conllevar una determinación del tal relevancia, cuestión que no ocurrió en el particular”.
“En ese orden de ideas, se concluye que el oficio DGCD/250/2021, de 4 de junio de 2021, violenta la ley que lo rige (…) contraviniendo el interés público al seguir surtiendo efectos, a pesar de haber sido emitido por servidor público carente de facultades para ello”.
De tal situación, “se desprende la necesidad de declarar la nulidad del acto que nos ocupa, ya que resulta contrario al interés público que subsista una actuación de autoridad que no respete los ordenamientos legales que lo rigen y de los cuales emana”. De no anularse tal oficio, “se estaría perpetuando un acto violatorio de la ley”, al sostener algo que había “sido signado por servidor público incompetente”.
La advertencia pública original sobre este hecho, que habría favorecido a los empresarios inmobiliarios que tenían todo preparado para un desarrollo llamado Las Cañadas, se hizo en las cuentas de internet de Julio Astillero, en su columna de La Jornada y, luego que fue señalado tres veces como mentiroso en la sección Quién es Quién en las Mentiras, de la conferencia presidencial de prensa conocida como La Mañanera, acudió el 28 de julio a Palacio Nacional a sustentar sus señalamientos.
En esa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador empeñó su palabra en el sentido de que no se aprobaría en la Sierra de San Miguelito nada que fuera contra el interés nacional. Un día antes, la secretaria Albores había dado una entrevista a Hernán Gómez en La Octava (ahí dijo que los comuneros de San Luis Potosí “decidieron no colocar las (1805) hectáreas en el área natural protegida”), acompañada justamente del causante del “error”, que en realidad es una violación a la legalidad, el director Sánchez Ibarra, quien tomó la palabra para explicar que no había irregularidades (https://bit.ly/3rFcotJ ).
