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[VIDEO] La DDHPO impulsa diálogo sobre el desplazamiento forzado por intolerancia religiosa en Oaxaca

Emmanuel Palacios

Oaxaca, México.– La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio seguimiento al “Foro de Desplazamiento Forzado por Intolerancia Religiosa en Oaxaca” desde el Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Este encuentro reunió a diversas autoridades, especialistas y al público en general para reflexionar sobre este fenómeno y proponer soluciones desde una perspectiva de derechos humanos.

PONENCIAS Y CONVERSATORIO

La Ombudsperson, Mtra. Elizabeth Lara Rodríguez, encabezó el evento que contó con la conferencia “Libertad Religiosa”, impartida por el Mtro. Cristian Badillo Gutiérrez, Director General de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Posteriormente, se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron:

➡ Lic. Pablo Vargas, Director en México de la organización Christian Solidarity Worldwide.

➡ Lic. Iván Elí Sánchez Fabián, Jefe del Departamento de Atención y Conciliación de Conflictos Religiosos de la Secretaría de Gobierno.

➡Moisés Sarmiento Osuna, Pastor de la Iglesia Cristiana Independiente Apostólica y Reformada (ICIAR) en la Región Chinanteca.

El foro se destacó por el intercambio de perspectivas y propuestas encaminadas a visibilizar el desplazamiento forzado por motivos de intolerancia religiosa, un problema que afecta principalmente a comunidades indígenas y rurales del estado.

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

La Mtra. Elizabeth Lara Rodríguez reafirmó el compromiso de la DDHPO de continuar impulsando acciones para visibilizar este fenómeno y cualquier otro abuso a los derechos humanos en Oaxaca. Este foro es parte de una serie de esfuerzos por generar conciencia y promover el respeto a las libertades fundamentales de las personas, incluidas las relacionadas con la religión.

PRÓXIMOS PASOS

La Defensoría anunció que seguirá trabajando en la organización de actividades similares, fomentando el diálogo y la colaboración entre actores gubernamentales, sociedad civil y líderes religiosos. El objetivo es consolidar políticas públicas que aborden las causas del desplazamiento forzado y garanticen los derechos de todas las comunidades afectadas.

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