Redacción El Piñero
Colima, México.— Al concluir una audiencia pública el pasado 15 de abril, el juez federal Óscar Javier Mendoza Altamirano, originario de Oaxaca, se despojó de su toga y anunció su renuncia “por dignidad”, en protesta contra la reforma judicial que impone la elección popular de jueces.
Desde el Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Mendoza Altamirano criticó el discurso que tacha a los jueces como corruptos y rechazó “legitimar un proceso donde un juez no tiene nada que ofrecer a los votantes”.
Su dimisión ocurre en medio de la implementación de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que modifica la estructura del Poder Judicial, limita el juicio de amparo y somete a elección 881 cargos, entre ellos ministros de la Corte, magistrados y jueces, en un proceso inédito a celebrarse el 1 de junio de 2025.
El nuevo modelo ha generado más de 70 suspensiones provisionales, demandas de freno por parte de organismos judiciales y críticas de expertos que advierten sobre el riesgo a la autonomía judicial y el control político.
La salida de Mendoza, uno de los pocos jueces federales oaxaqueños en activo, se suma al creciente clima de tensión sobre el futuro de la justicia en México.
