Jaime GUERRERO
La asamblea para elegir a las próximas autoridades municipales, regida por el Sistema Normativo Interno de Usos y Costumbres, fue violentamente interrumpida tras casi dos horas de iniciada.
Un grupo irrumpió en el recinto, lanzando sillas y desatando una riña masiva entre facciones, lo que obligó a la intervención de la Policía Estatal, que utilizó gas pimienta para dispersar el conflicto, resultando en varias personas detenidas.
La tensión en la comunidad ya era palpable en redes sociales, donde grupos locales convocaron previamente a sabotear la elección.
Las críticas de los habitantes apuntan a dos aspirantes a la presidencia municipal, Guadalupe Gutiérrez Robles, conocido como “Lupito”, y Miguel Torres, acusados de sembrar división y representar intereses ajenos al bienestar colectivo.
“Lupito”, exregidor de Hacienda entre 2020 y 2022, enfrenta señalamientos por presuntamente haber dejado una deuda de más de 1.6 millones de pesos con CONAGUA.
Por su parte, Miguel Torres y su operador político, Ricardo Lara, son denunciados por prácticas clientelistas, incluyendo el reparto de despensas y dinero en efectivo, así como supuestos pactos con sindicatos externos como CATEM y la Confederación Joven.
La preocupación de los pobladores se intensifica ante la propuesta de ambos aspirantes de modificar el sistema de usos y costumbres, particularmente al intentar eliminar el escalafón de servicios comunitarios, un requisito esencial para contender por la presidencia municipal 2026-2029.
Esta iniciativa es vista como una violación a las tradiciones de la comunidad, generando un profundo rechazo entre los habitantes.
La asamblea, que buscaba fortalecer la cohesión comunitaria, terminó en un caos que refleja la polarización en San Agustín de las Juntas.
Los pobladores exigen que se respeten los mecanismos tradicionales de gobierno y que las autoridades investiguen las acusaciones contra los aspirantes para garantizar un proceso electoral transparente y apegado a sus costumbres.
