Jaime GUERRERO
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 348 votos a favor y 130 en contra modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) que amplían las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las reformas, ya turnadas al Senado, permiten el acceso en línea y en tiempo real a registros de plataformas electrónicas, imponen nuevos requisitos a los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y establecen causales para restringir o cancelar la Certificación de Sellos Digitales (CSD).
Entre los cambios, se obliga a contribuyentes que prestan servicios digitales a otorgar al SAT acceso inmediato a sus sistemas y registros para verificar el cumplimiento fiscal.
El incumplimiento podría derivar en bloqueo temporal de operaciones.
Además, se amplían las facultades del SAT para suspender CSD por errores técnicos, incumplimientos de terceros o inactividad, e incluso cancelar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o negar inscripciones de nuevas personas morales.
Nuevas causales incluyen la emisión de CFDI sin clave de ingreso o permiso de la Comisión Nacional de Energía, y se endurecen requisitos en comprobantes para detectar falsedades y aplicar sanciones.
Propósito: combatir el “huachicol fiscal”
El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, defendió las reformas como una medida para cerrar “boquetes fiscales” causados por el huachicol fiscal y la facturación falsa.
Sin embargo, reconoció que solo responsabilizan a contribuyentes privados, pese a la implicación de gobiernos municipales y estatales, sindicatos, notarios y organismos descentralizados.
“Quisieran una corresponsabilidad más fuerte de notarios y fedatarios públicos, que registran empresas inexistentes”, expresó Ramírez Cuéllar, al criticar fuentes de evasión como presidencias municipales que adquieren operaciones ficticias mediante facturación falsa.
Oposición: “Criminaliza al contribuyente y espía a usuarios”
La oposición alertó sobre riesgos para pequeños empresarios y privacidad.
El priista Emilio Lara acusó que la reforma “criminaliza al contribuyente” al castigar con cárcel la presentación de información incompleta sin dolo y permite cancelar CFDI sin defensa ni juicio.
“¿Dónde está el respeto al pequeño empresario o al comerciante digital que no tiene un ejército de contadores?”, cuestionó, argumentando que beneficia a evasores con “padrinos políticos” y asesores expertos.
El panista Héctor Saúl Téllez calificó el CFF como un “instrumento espía” y “terrorista”, por obligar a plataformas digitales a entregar datos irrestrictos: información personal de usuarios, compras, ventas, preferencias, geolocalización y contenido en red.
Advirtió que bloqueos discrecionales de CSD por errores humanos o retrasos en declaraciones equivalen a “la muerte operativa” de negocios, permitiendo intromisiones en la vida privada bajo pretexto fiscal.
