Jaime GUERRERO
Las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron, con mayoría oficialista, la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La votación se dio en un ambiente tenso, marcado por acusaciones de la oposición de un “albazo” legislativo y críticas por ignorar recomendaciones de expertos.
El dictamen solo incorporó una modificación clave: eliminar la retroactividad de las reformas. El nuevo transitorio establece que “los asuntos en trámite al entrar en vigor este Decreto se resolverán bajo las normas vigentes al inicio de su proceso”.
Esta redacción, introducida de última hora por el Senado y avalada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal –quien admitió su inconstitucionalidad–, busca evitar que juicios en curso se vean afectados.
La aprobación obtuvo 56 votos a favor, 11 en contra (de PRI y Movimiento Ciudadano) y una abstención de la morenista Olga Sánchez Cordero. El PAN abandonó la sesión antes de la votación.
La oposición denunció que Morena convocó audiencias apresuradas –el dictamen se distribuyó el 8 de octubre, dos días antes de la primera–, pero no incluyó las sugerencias de especialistas.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno (Morena), prometió circular después las intervenciones de los expertos.
Principales cambios en la reforma
La iniciativa redefine el “interés legítimo” y restringe la suspensión provisional en casos como Bloqueos de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Conductas que amenacen el sistema financiero, Revocación de permisos, concesiones o autorizaciones federales.
También limita el recurso de revocación para créditos fiscales firmes, resoluciones de prescripción o cuando el contribuyente niegue el acto. Introduce el “interés social, orden e interés público” como factor para que los jueces evalúen medidas cautelares.
Además, extiende de 60 a 90 días el plazo para dictar sentencia tras la audiencia final.
Moreno defendió la reforma como una modernización del juicio de amparo para prevenir abusos que paralicen políticas públicas o leyes congressuales.
Destacó límites a suspensiones generales, acceso digital a la justicia, agilización de procesos y revisión de criterios de interés jurídico.
Sin embargo, dentro de Morena, Olga Sánchez Cordero –exministra de la Suprema Corte– cuestionó la definición de “interés legítimo”, llamándola “indeterminada” y argumentando que debe evaluarse caso por caso, no de antemano.
Alertó que restringe acciones colectivas de grupos como la comunidad LGBT, consumidores, indígenas, ambientalistas o jubilados, limitando el acceso a la justicia constitucional.
Cordero, también pidió matizar puntos sobre procedencia de amparos, suspensiones, cumplimiento de sentencias, firma electrónica y brecha digital.
“¿Qué harán comunidades indígenas alejadas para interponer un amparo electrónicamente?”, preguntó.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) contrapuso que se consultó a especialistas y se escucharon posiciones.
Sin embargo, Juan Zavala (Movimiento Ciudadano) acusó que el único cambio fue por “regaños” de Sheinbaum, y que no corrige “regresiones democráticas”. Homero Niño de Rivera (PAN) advirtió que la reforma debilita defensas ciudadanas contra el poder, calificándola de “traición” a votantes y herramienta molesta para gobiernos autoritarios.
La reforma pasa ahora al pleno de la Cámara, donde persisten dudas sobre su impacto en derechos fundamentales.
