Por La Octava
El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el exlider Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, están bajo la lupa por su posible participación en la operación Safiro, utilizada para el presunto desvío de recursos públicos a campañas priístas en 2016.
Una investigación de Raúl Olmos para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indica que el recién detenido César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en Miami, tendrá que hablar de dicha trama usada en campañas electorales.
César Duarte enfrenta 11 causas penales en Chihuahua y una de orden federal, por el delito de peculado agravado; tras su fuga, la Interpol giró una ficha roja para buscarlo en 190 países.
Las primeras acusaciones contra Duarte surgieron en octubre de 2016, cuando el actual gobernador, Javier Corral, denunció un desfalco millonario de las arcas públicas por al menos 250 millones de pesos a través de cuatro empresas fantasma para financiar campañas electorales del PRI en otros estados.
OPERACIÓN SAFIRO, EL DESVÍO DEL PRI
En diciembre de 2017, The New York Times reveló el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016, hecho que habría ocurrido con el consentimiento de Beltrones y de Videgaray.
De acuerdo con dicha investigación, la operación Sáfiro se amplió de Chihuahua a Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y a la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.
Para el desvío se utilizaron 12 empresas fantasma mediante las cuales los gobiernos de esos siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos; 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a otras seis entidades.
Según MCCI, los mayores desvíos en 2016 fueron desde los gobiernos priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos desvió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima de José Ignacio Peralta, otros 15 millones. Además de operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, y la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación Milpa Alta.
MCCI elaboró una base de datos donde comprobó que en el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda de Videgaray multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades implicadas.
