Un millón de personas, hombres mujeres y niños, no merecen esa suerte
Arnoldo Cuellar
Ni el Presidente de la República ni el Gobernador del estado le están dando la importancia que merece a la grave situación que viven alrededor de un millón de personas en la región Laja Bajío de Guanajuato, hoy tristemente conocida como el “triángulo del huachicol.”
En una semana grupos del crimen organizado derrochan poder de fuego sobre una comisaría; hacen estallar un coche bomba frente a los cuarteles de la guardia nacional; cercan la ciudad con bloqueos en las principales vías de acceso, secuestrando vehículos e incendiándolos; y esta noche lanzan un ataque mortal contra un alto mando de la policía municipal, al parecer un colaborador cercano al nuevo secretario de seguridad.
Sobre esa cadena de eventos, los pronunciamientos oficiales solo tienden a la minimización: López Obrador dijo que el explosivo estallado el fin de semana “era artesanal”; sobre los bloqueos, aseguró que eran acciones “de propaganda”.
El Gobernador Diego Rodríguez no ha aparecido con posiciones sobre ninguno de estos eventos. Tan distantes le parecen que prefirió trasladarse el fin de semana a la ciudad de México a un evento gastronómico y no produjo una sola declaración de estos temas hasta el miércoles que reapareció en Guanajuato, en la que se limitó a exclamar que “el estado no se arrodillará frente a la delincuencia”, cuando en los hechos lo que se vio el martes en la zona de Celaya fue pasmo e impotencia de las fuerzas policiales combinadas.
Este jueves fue brutal la respuesta criminal del grupo que, según las constantes declaraciones de la publirrelacionista improvisada como coordinadora de estrategia para la seguridad ciudadana, “está cada vez más debilitado”: un ataque dirigido contra un mando de la policía municipal, al parecer un funcionario llegado junto con el nuevo secretario Miguel Ángel Simental que cobró al menos una vida y dejó dos heridos más.
No fue el único evento violento en la zona. Un parte de la Guardia Nacional informa que un autobús de línea que se dirigía de Celaya a la ciudad de México, fue interceptado por dos vehículos del que descendieron hombres armados para secuestrar a un pasajero que viajaba en la unidad, la víctima era al parecer un ex oficial de la Policía Federal, al igual que Simental y que el mando victimado.
Pareciera que en Celaya no solo hay una guerra entre criminales y de estos con el estado, sino también un ataque específico contra los mandos oficiales designados a fines del año pasado por la cada vez más diluida Alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, quien para efectos prácticos no es ya más que una figura decorativa.
Sin embargo, un millón de personas en una zona de importancia económica, donde existen empresas trasnacionales importantes, un núcleo de productividad agrícola de exportación, universidades varias y un nudo carretero y ferroviario, cruzado además por cientos de kilómetros de ductos de combustibles no puede, sencillamente, convertirse en tierra de nadie.
Hace meses que el Gobernador no va a Celaya. La marcha de estudiantes de octubre del año pasado no le mereció ni un tuit. Ha sostenido a la Alcaldesa más por orgullo partidista que por razones prácticas.
En la misma actitud parece estar cayendo el Gobierno federal con las constantes minimizaciones de los graves hechos que tienen a los celayenses y sus vecinos en una situación desesperada.
Como si no bastara el abandono, se suma la burla. Todos los días el Secretario de Seguridad estatal pone tuits donde expone fotos de sus policías recorriendo Celaya y asegurando que patrullan la región para darle tranquilidad.
A juzgar por los resultados, esas fotos podrían bien ser tomadas en un set televisivo o cinematográfico o sencillamente tratadas con photoshop. Los delincuentes no sienten absolutamente ninguna inhibición para actuar a su antojo en Celaya. No debería olvidarse además que después de una ataque a las fuerzas estatales fueron detenidos dos policías municipales que continúan sujetos a proceso y cuyo asesora jurídico fue víctima de un ataque hace dos semanas.
En Celaya y los municipios alrededor ya no parece haber estado de derecho, ese que tanto presume el Gobernador Sinhue tras la incursión en Santa Rosa de Lima del año pasado. Las policías no se coordinan y no son confiables entre sí; la guardia nacional no sienta presencia contundente; la marina ha sido episódica en sus intervenciones.
Pero además hay un abandono político: el Gobernador sostiene a la alcaldesa pero no la fortalece ni la ayuda; el Presidente parece dejar a los guanajuatenses en un perpetuo cocimiento a fuego lento.
Insisto, un millón de personas, hombres mujeres y niños, no merecen esa suerte.
