➡️ El Congreso exhortó a los municipios a corregir estas irregularidades y presentó las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado para que proceda conforme a la ley.
Jaime GUERRERO | El Piñero
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, rechazó las cuentas públicas de 37 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Las autoridades legislativas detectaron diversas irregularidades financieras que incluyen desde el manejo inadecuado de recursos hasta fallas en los procedimientos de obra pública y contratación.
Entre las anomalías reportadas se encuentran recursos no devengados ni recuperados al cierre del ejercicio fiscal; registros contables de gasto en servicios personales, materiales, suministros y otras ayudas que carecen de documentación justificativa, así como irregularidades en los procedimientos de contratación y falta de evidencia sobre los bienes adquiridos o servicios contratados.
En el ámbito de obra pública, se señalaron problemas en la planeación, autorización, ejecución y entrega de los proyectos. Además, se detectaron pagos indebidos por conceptos de obra no ejecutados, falta de evidencia fotográfica, y obras que no cumplieron con las especificaciones establecidas en los contratos.
- Falta de modificaciones al presupuesto de egresos.
- Omisión de documentos administrativos básicos autorizados y publicados.
- Registros contables deficientes, tanto de ingresos como de bienes muebles e inmuebles.
- Ejercicio de partidas presupuestales no consideradas en el presupuesto inicial
En cuanto a las auditorías de desempeño, se destacaron deficiencias en el control interno institucional, incumplimiento de metas de gasto, y falta de presentación de matrices de indicadores y otros elementos clave para medir resultados.
El Congreso exhortó a los municipios a corregir estas irregularidades y presentó las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado para que proceda conforme a la ley. Asimismo, se espera que los presidentes municipales y sus equipos rindan cuentas claras para evitar posibles sanciones administrativas o penales.
