Jaime GUERRERO | El Piñero
De úrgete y obvia resolución -con 22 votos a favor- el pleno de la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca exhortó a las autoridades educativas a investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los actos violentos e intento de asesinato ocurridos en la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso.
El 18 de enero, al interior de esa institución educativa ubicada en la región de la Mixteca, se suscitó una agresión presuntamente provocada por alumnas de cuarto año en contra de una de sus compañeras del tercer grado, resultando con lesiones graves, además de ser rociada con un líquido y amenazada con ser quemada.
Aunado a este caso, alumnas del plantel educativo señalaron que son víctimas de acoso escolar, maltrato físico y psicológico por parte de un grupo de compañeras que presuntamente buscan tener el control dentro de la escuela normal a través del Comité Estudiantil.
“En el caso de nuestro país, la violencia en las escuelas es cada vez más grave y va en incremento, como ocurrió en la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso, donde varias alumnas resultaron heridas con lesiones”, plasma el punto de acuerdo presentado por las diputadas Eva Diego Cruz y Elvia Gabriela Pérez López, así como el diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El exhorto fue al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y a la Secretaría de Educación Pública.
Es importante señalar, que, dentro de las causas asociadas con la violencia escolar, pueden encontrarse: el predominio de la violencia entre los alumnos, maestros, padres de familia o directivos, ante el desconocimiento de formas eficaces para resolver conflictos; insuficiencia de información sobre los tipos y los efectos de la violencia; la ausencia de mecanismos eficaces o protocolos para prevenir y erradicar la violencia.
Este tipo de violencia, agrega el documento legislativo, conlleva a que las autoridades educativas, deban realizar acciones que comprometen a autoridades federales y locales al combate de la violencia en las instituciones escolares, ya que esta, tiene un grave impacto en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y que en el caso de los estudiantes puede generar desde un bajo rendimiento académico, hasta deserción escolar e incluso suicidios.
