El decreto que alista la Secretaría de Gobernación para permitir la liberación de presos torturados, mayores de 75 años, enfermos crónicos de más de 65 años o aquellos que lleven más de una década sin recibir sentencia por delitos leves, gana adeptos entre gobernadores y congresos locales.
El respaldo de la propuesta presidencial de ajustar la política penitenciaria fue expresado a principios de esta semana por mandatarios electos y en funciones emanados de Morena.
Entre los firmantes está la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, quien a través de sus redes sociales manifestó su apoyo al plan de amnistía que Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 29 de julio.
“La Cuarta Transformación es humanista, por ello, me sumo con mis compañeras y compañeros gobernantes electos y en funciones, en total respaldo a la política de amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador”, escribió en Facebook.
Por tener “un gran sentido humanitario”, el próximo titular del Ejecutivo en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se dijo a favor del decreto que disminuirá la población penitenciaria más vulnerable.
Rocha Moya aseguró que la medida contribuirá a despoblar algunos centros penitenciarios, por lo que es fundamental establecer una coordinación con los poderes, en especial con el Judicial.
De los gobernadores en funciones que se sumaron a la propuesta, el de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó también las razones humanitarias y de justicia social que están detrás de su decisión.
“Por razones humanitarias y justicia social, los gobernadores y gobernadores electos que firmamos este comunicado, nos sumamos al llamado del presidente López Obrador e invitamos a los gobernadores de otros estados y a los gobernadores electos a sumarse a esta decisión”, dijo en Twitter.
Mientras tanto, la diputación Permanente del Congreso de Nuevo León exhortó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón a que, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, replique el decreto anunciado a fin de liberar a los presos de más de 75 años y detenidos por delitos no graves, que tengan 10 años en espera de una sentencia o que sean víctimas de tortura.
María Dolores Cantú, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza, llamó a Nuevo León a ajustarse a las circunstancias de la situación penitenciaria de la entidad.
“Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas”, indicó la legisladora.
Otra que manifestó su respaldo a este ajuste en la política penitenciara es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en días pasados informó que las autoridades capitalinas ya analizan los casos y esta semana podrían informar cuantas personas en prisión se beneficiarán.
En la capital, hay 479 personas recluidas que han sido víctimas de tortura, de ellas, en 49 casos se ha comprobado que la tortura pudo haber intervenido en el proceso de investigación, informó por su partes, la Comisión de Derechos Humanos local.
El jueves pasado, María Isabel San Agustín se convirtió en la primera beneficiada con esta propuesta tras permanecer 10 años en el reclusorio de Santa Martha Acatitla acusada de secuestro.
“Nunca me lo imaginé (quedar la en libertad), espero que esto sirva para todas las que están aquí injustamente para que se les haga justicia, porque aquí la mayoría de la población es inocente”, dijo entre lágrimas tras salir del centro de reclusión.
NOTA DE MILENIO
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