Guadalupe Camacho, madre los menores, ha luchado por cuatro años contra un sistema revictimizante: Nos sentimos frustrados y decepcionados
A Guadalupe Elvira Camacho Velasco se le rompió el alma
hace cuatro años, cuando sus dos hijos le dijeron que su padre, Rosendo Sainz-Trápaga Matute, abusaba de ellos. Y desde entonces está viviendo lo que califica como una verdadera historia de terror
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Hija del político Manuel Camacho Solís, ha emprendido una intensa batalla legal que el mes pasado causó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los menores víctimas de delitos sexuales, que obliga a los ministerios públicos a investigar con perspectiva de infancia
y admitir la denuncia en cualquier fiscalía de la República mexicana, independientemente de donde sucedieron los hechos.
Finalmente, el pasado 26 de marzo, el juzgado de oralidad penal de la IV Región libró orden de aprehensión en contra del padre agresor huido del país y la Fiscalía General de la República (FGR) generó una ficha roja de Interpol. Y el 26 de mayo, Trápaga Matute fue detenido bajo el expediente 2025/39055 en Madrid, España, donde permanece preso en la cárcel de Soto del Real, acusado de corrupción de menores y abuso sexual.
A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó ya su extradición el pasado 4 de julio, el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato, integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elba de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena, anuló la vinculación a proceso del agresor, y a esta decisión irregular se sumaron el magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la Novena Sala Penal, y el juez Mauricio Rogelio Flores Saldaña, a fin de que el acusado quede en libertad en España o al llegar a México.
Mis hijos y yo tememos por nuestras vidas. Nos sentimos frustrados, decepcionados y cansados del sistema porque llevamos cuatro años siendo revictimizados constantemente por las instituciones y por el Poder Judicial de México. Estamos muy angustiados, son mis hijos los que me han pedido hacer público nuestro caso
, dice Camacho Velasco en entrevista con La Jornada.
Violento y peligroso
Guadalupe se casó en 2008 con Rosendo Sainz-Trápaga Matute a los 23 años y se establecieron en León, Guanajuato. Luego, en 2017, nueve años después, se divorció y en 2021 decidió trasladarse a vivir a la Ciudad de México debido a las conductas cada vez más violentas e intimidatorias de su ex marido.
Añade: Jamás pensé que existiera abuso. Rosendo es un hombre muy violento, viví una violencia tremenda: física, sicológica, y le pedí a mi abogada que por esa razón, le pelearemos la pérdida de la patria potestad y ella me decía que no, que era normal que mis hijos no quisieran ir a las visitas y que con el tiempo ya iban a disfrutar estar con él
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Guadalupe recuerda el infierno que vivió con él: “Cuando me divorcié, me decía ‘hija de tu puta madre, sin mí no vas a poder’, me insultaba y me agredía siempre. Finalmente, nos divorciamos y yo acepté el convenio que él proponía con tal de terminar con mi matrimonio. Cada que me llevaba el sobre de la pensión alimenticia, me lo aventaba diciendo ‘aquí está el puto dinero’, me intentaba humillar gritando en mi casa cosas muy desagradables”.
Los menores, una niña de 9 años y uno de 11 en ese entonces, con iniciales G.S.T.C. y R.S.T.C, se comportaban de manera extraña
cuando regresaban de visitar a su padre, por lo cual se decidió a consultar una sicóloga: Cada 15 días tenían que ir con él, regresaban muy mal y me decían que ya no querían ir con él
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Un día, su niña se enfermó del corazón y sufrió la enfermedad de Kawasaki, que causa inflamación de los vasos sanguíneos con fiebre alta: “La atendí y él siempre me amenazaba diciendo que me iba a quitar a mis hijos. Y con la pandemia del covid, pues ya no fueron a las visitas y su reacción de enojo era escupirnos, nos lanzaba gargajos, nos decía cosas horribles, nos decía ‘espero que se mueran de covid’”.
Fue cuando decidió contratar a un abogado para intentar quitarle la patria potestad y finalmente quien le recomendó buscar una sicóloga para determinar el daño sufrido por la violencia ejercida por el padre: “Ella fue la primera que me dijo que mis hijos habían sufrido abuso sexual y me advirtió: ‘tienes que buscar a una especialista’. ¡Imagínate!, fue como si me hubieran echado hielos encima”.
Delito nefando
Su abogado, Gabriel Castañeda Gómez Mont, le recomendó a Michelle Carrete Zúñiga, perito en sicología forense especializada en sicotraumatología: Ella determinó que era un tema de abuso sexual mayor. Mis hijos me lo confirman y yo les dije que íbamos a denunciar, así tuviera que vender la casa de León, Guanajuato, que mi papá nos hizo el favor de regalarnos, para pagar abogados. Yo les dije que les creía e iba a luchar por ellos
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Añade: Al día siguiente, los acompañé al Ministerio Público a denunciar. Me enteré de que abusó de los dos; la niña con 9 años y el niño 11. No hay manera de que mis hijos inventaran semejantes cosas. Lo hacía en su casa y en una cabaña en Sierra de Lobos (Guanajuato). Les ponía pornografía, se masturbaba enfrente de ellos y los masturbaba a ellos, metía los dedos en el ano, además hubo penetración, pero faltó el delito de violación
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La Jornada ha tenido acceso al expediente judicial. En la entrevista a la menor por el Ministerio Público, dice que su papá les pegaba a ella, a su hermano y a su madre y que empezó a tocarla tres meses después del divorcio y los amenazó de muerte si contaban lo que les hacía. Declaró que les mostraba videos de hombres y mujeres desnudos haciendo posiciones
y contó que cuando ella y su hermano se metían a bañar, su papá los esperaba afuera.
“Se sentaba en la taza del baño sin ropa, nos sentaba en sus piernas y decía que nos iba a limpiar la cerilla de las orejas, pero se masturbaba y nos masturbaba. Mi papá nos daba besos con la boca abierta, como en las novelas; me jalaba la cabeza para que le besara el pene, me metía el pene en la boca, me besaba los senos, me hacía cosquillas con el pene en la vagina, me metió los dedos y me ardió y…”.
En la entrevista, el niño recordó los golpes que su padre propinaba a su mamá y dijo que se ponía en medio para separarlos; luego contó que le pegaba a él con el puño en diversas partes del cuerpo y le tumbó dos dientes. Coincidió con la versión de la niña sobre los videos pornográficos, y derivado de los abusos que sufrió, afirmó que tenía deseos de morir: “Mi papá me sentaba en sus piernas para hacerme cosquillas en el pene, me acostaba en la cama para hacerme masajes en la espalda, me bajaba el pantalón y me hacía cosquillas con el pene en mis pompas y…”.
Los daños sicológicos y físicos que sufrieron los menores fueron consignados debidamente por las autoridades judiciales, que determinaron el trastorno de estrés postraumático, el rechazo a la figura paterna y la comprensión prematura de la conducta sexual. Los niños sufren depresión, ansiedad, falta de control emocional, irritabilidad, enojo, hostilidad, problemas de control de ira, riesgo de autolesión, miedo generalizado, pesadillas y sintomatología de estrés postraumático con despersonalización
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Argucias legales
El Ministerio Público de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación atendiendo el interés superior de la niñez y, desahogadas las diligencias, las remitió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el juez de control emitió una orden de aprehensión, pero después dictó un auto de no vinculación a proceso en favor del agresor y padre de los niños, pues consideró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carecía de competencia. Y a partir de entonces, empezaron el procedimiento para liberar al agresor denunciado.
Sin embargo, hace un mes, la SCJN amparó los derechos de la madre y sus dos hijos, y determinó que en delitos sexuales contra menores, cualquier fiscalía puede atender las denuncias, independientemente del lugar donde ocurrieron los hechos. Este caso fue analizado por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien señaló que ante una denuncia así, el Ministerio Público debe investigar a pesar de su incompetencia por razón de territorio, lo que implica iniciar una carpeta de investigación, sin demora, en la que se tome en cuenta la edad, la madurez y el desarrollo de la posible víctima, para llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas
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Añade: Cuando una niña, un niño o un adolescente es víctima de violencia sexual, las autoridades ministeriales tienen la obligación reforzada de practicar las diligencias básicas para evitar la pérdida de las huellas o de los indicios relevantes para la investigación, así como para no provocar una revictimización
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Sistema ineficiente
Guadalupe suspira y recuerda el largo camino que ha recorrido para hacer justicia en favor de sus hijos. Dice que si su padre viviera, hubiera tenido su apoyo y asesoría, y su asunto no habría llegado a este punto. Al sistema judicial de México le falta mucho, necesita agilidad, rapidez, porque estos lapsos tan lentos se nos hacen eternos cuando somos víctimas. Necesitamos jueces y magistrados que no se corrompan por dinero. Debe prevalecer el interés del menor, más que un signo de pesos
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Dice que está segura de que la corrupción es la que está a punto de permitir que el agresor de sus hijos quede libre: “En cuanto me enteré de lo que mis hijos estaban sufriendo con su padre, me rompió el alma. Es muy triste, de no creerlo. Es una historia tan terrorífica. Hasta la fecha me sigo cuestionando: ‘¿por qué tanto daño?’ Nadie con una mente sana puede entender lo que les hizo. Mis hijos se han vuelto mis maestros, me pidieron hablar, me dijeron: ‘tenemos que contar todo y liberarnos’. Son muy sabios los dos, valientes”.
A pesar de todo, ninguna autoridad le ha quitado la patria potestad al agresor: He sacado la casta como madre. Lo que queremos es que no lo liberen en España. Y si lo liberan, que aquí el sistema de justicia lo detenga. Mis hijos ya no lo sienten su papá, ya lo soltaron, quieren que ya no tenga la patria potestad para quitarse su apellido
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NOTA DE LA JORNADA | Sanjuana Martínez
https://www.jornada.com.mx/2025/07/27/politica/009n1pol
