México.-A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, la percepción de que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC).
El índice realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional reveló que la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.
Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, comprueban que la corrupción es un problema institucional en el país.
Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.
Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.
La organización Transparencia Mexicana realizó una serie de recomendaciones para México, como asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional.
También solicitó incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.
Demandó la creación de una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.
Por último, la organización recomendó a México avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico) y el Banco Mundial, la corrupción en México representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la sitúa en 10 por ciento del PIB.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que en números equivale a 347 mil millones de pesos, una cifra parecida a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.
A las empresas la corrupción en materia regulatoria costó mil 600 millones de pesos durante 2016, reveló una encuesta del Inegi. Por cada compañía, el promedio fue de 12 mil 243 pesos.
La violencia de género también tiene un costo económico. Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia psicológica, absentismo laboral y políticas públicas, la violencia contra las mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 1.4 por ciento del PIB, de acuerdo con el estudio “El costo de la violencia contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).
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