La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por Alicia Bárcena, anunció un acuerdo con Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, para la reparación del daño causado por el derrame tóxico en el Río Sonora, ocurrido en 2014. Sin embargo, este acuerdo se realizó sin consulta previa con las comunidades afectadas, en contravención a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia, que exige la participación activa de las víctimas en todos los procesos de remediación, indicaron los Comités de Cuenca Río Sonora en un comunicado.
Durante la conferencia matutina presidencial, Bárcena describió el derrame como un “accidente”, minimizando las conclusiones de un dictamen emitido en 2023 por la propia SEMARNAT, que señala negligencia por parte de Grupo México como la causa del desastre ambiental más grave en la historia minera de México.
Críticas por exclusión y opacidad
Los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que las comunidades afectadas llevan una década exigiendo justicia y no fueron informadas ni incluidas en las negociaciones. A cinco meses del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a los habitantes, el diálogo prometido sigue sin materializarse.
“Ni SEMARNAT ni ninguna autoridad han informado a las víctimas los términos de este acuerdo. ¿Qué se pactó? ¿Cómo se garantizará una reparación integral?”, cuestionaron los Comités, subrayando la falta de transparencia.
Además, la SEMARNAT atribuyó los altos niveles de contaminación en la región a características geológicas naturales, contradiciendo estudios realizados por instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que señalan que los niveles de metales pesados en el río son consecuencia directa del derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en 2014.
Impacto del derrame: una década de daño ambiental y humano
El desastre afectó a miles de personas en ocho municipios, dañó la salud de al menos 270 personas, contaminó el agua y perjudicó a agricultores y ganaderos, generando pérdidas económicas para toda la región. Aunque se creó el fideicomiso Río Sonora con un presupuesto inicial de 2,000 millones de pesos, los afectados afirman que la contaminación persiste y que las promesas de reparación no se han cumplido.
Entre las demandas urgentes están la instalación de plantas potabilizadoras, atención médica especializada en toxicología y la presentación de un plan de remediación transparente.
Llamado a la justicia
Los habitantes del Río Sonora instaron al gobierno a cumplir con las resoluciones judiciales y garantizar su derecho a participar en las decisiones. “No queremos más simulaciones ni pactos que favorezcan a intereses privados. Exigimos justicia, reparación y no repetición”, concluyeron.
El caso del Río Sonora sigue siendo un recordatorio de los costos humanos y ambientales de la negligencia industrial y la falta de rendición de cuentas. A una década del desastre, las víctimas siguen esperando soluciones reales.
