Víctor Ruiz Arrazola*/Política, Políticas & Derechos Humanos
Es el momento que las autoridades estatales y municipales de Veracruz empiecen a cumplir los compromisos que en materia de justicia y respeto a los derechos humanos tienen pendientes, además deben ir haciendo un ejercicio de transparencia de todos los recursos que tuvieron para su administración, porque si el actual gobernador electo cumple su palabra, se iniciarán investigaciones serias con la finalidad de deslindar responsabilidades de todas las personas servidoras públicas que hayan hecho mal uso de recursos públicos y también de quienes por omisión le fallaron al pueblo.
Las deudas con la sociedad veracruzana son muchas, por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, han destacado la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que mandata al Congreso del estado de Veracruz a legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo.
Dichos organismos internacionales hacen mención que esta sentencia “establece que el Poder Legislativo del estado de Veracruz no ha cumplido con la recomendación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017, al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, que consideran el aborto como un delito”.
Por medio de un comunicado, sostienen estas voces expertas que el Juez Decimoctavo de Distrito “reconoce el carácter obligatorio de la Alerta y de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, por ende, la obligación de las autoridades de implementar las medidas recomendadas y adoptar decisiones efectivas para superar la discriminación en contra de las mujeres”.
Los organismos referidos de la ONU, resaltan que la resolución “ordena al Poder Legislativo de Veracruz despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo reformando el Código Penal antes del 31 de julio de 2018, para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal”.
Desde luego que este asunto no es nuevo ni para el Poder Ejecutivo Estatal, ni para el Poder Legislativo de Veracruz, cuyos representantes, por intereses político-electorales, omitieron incorporarlo a la agenda pública. Ahora que las aguas están retomando su cauce, es pertinente sacar el tema de la congeladora y enfrentar desde un enfoque derechohumanista la reforma legislativa y el diseño de políticas públicas acordes a las necesidades de salud pública que tiene la entidad en esta materia.
Atención a la población migrante
Hay acciones que se tienen que emprender lo antes posible, porque más vale tarde que nunca en materia de protección de derechos humanos. En días pasados, se desarrolló una reunión de trabajo entre representantes de organismos públicos de derechos humanos y cónsules centroamericanos en la región sureste de México.
Este encuentro tuvo el propósito de sentar las bases para la elaboración de un protocolo de atención a la población migrante “que permita un trabajo coordinado y promover el respeto a sus derechos humanos”.
La sede fue la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, con la participación de los titulares de las comisiones de Campeche, Quintana Roo y Veracruz.
Por parte de la diplomacia asistieron Claudia Patricia Zaldaña, cónsul de El Salvador; Raúl Otoniel Morazán, cónsul de Honduras y; Pablo Molina Leonardo, cónsul de Guatemala en Veracruz.
*Periodista y abogado defensor de Derechos Humanos.
@V_RuizArrazola
