Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- A unos meses de que concluyan su gestión como síndicas, regidoras o presidentas municipales, 20 mujeres que fueron electas en el proceso comicial de 2016 aún no ven resueltas las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especial en Delitos Electorales por violencia política en su contra, además de que existen 35 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que tampoco han sido resueltas.
De acuerdo con el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, muchos casos de violencia política que no se han visibilizado como tal y que por supuesto tienen todos los elementos para llevarlos a un juicio de derechos políticos y denuncia penal de ser necesario.
Anabel López Sánchez integrante del colectivo, refirió que la presidenta municipal de San Juan Ihualtepec, Lucía Pineda González, es uno de los claros ejemplo del impacto de la violencia política en la administración pública, ya que hasta el momento, producto de la violencia en su contra, no ha podido ejercer recursos del Ramo 33 correspondientes a obra.
El hecho tuvo el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), pero hasta el momento el conflicto no ha sido superado.
Por su parte, María Eugenia Mata, integrante de la Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo) señaló que las autoridades electorales y fiscalías han caído en un doble discurso con respecto a contribuir a disminuir las desigualdades en hombres y mujeres.
“Si bien hay avances en términos de algunas políticas y modificaciones de leyes, en los hechos no es así. No se llevan a cabo en el terreno de lo concreto para modificar las brechas de desigualdad”, dijo.
En lo que va del proceso electoral 2018, tres mujeres denunciaron de manera pública ser víctimas de violencia política por exclusión en candidaturas y asignación de éstos espacios a hombres.
En estos casos se enlista la aspirante a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Ríos López, quien denunció que fue objeto de violencia política por el edil, Jesús Castro Marcial, quien decidió reelegirse a pesar de que -dijo- la candidatura le corresponde a una mujer.
Otro más es el caso de la coordinadora municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Santiago Tepextla, María Gladis Baños García, quien señaló que “por acuerdos políticos y económicos” le impidieron el registro como candidata por la coalición Juntos Hagamos Historia, conformada por el Partido del Trabajo (PT), Morena y Partido Encuentro Social (PES) a la presidencia municipal de la localidad, en el distrito de Jamiltepec.
Lo mismo denunció Virginia Espíndola, de San Pedro Pochutla, quien sería registrada por el PT, sin embargo determinaron nombrar a un hombre.
