Jaime GUERRERO/ El Piñero
Oaxaca.- El titular de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, confirmó que existen 10 denuncias presentadas por la supuesta contratación de empresas denominadas fantasma en la administración estatal para la ejecución de obras, compra de insumos médicos o servicios.
No obstante, afirmó que no es sancionable ni es un delito el contratar a una empresa que se encuentre en el supuesto del 69-B del Código Fiscal de la Federación y boletinada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en un supuesto de irregularidad, debido a que en su derecho de audiencia, la empresa puede solventar inconsistencias.
Actualmente, se encuentran en proceso de investigación 2 denuncias que corresponden a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); dos contra Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), y otras contra la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi).
Díaz Navarro, aseguró que no es una obligación el revisar, sin embargo, se exhorta a las dependencias a revisar el estatus de las empresas.
Precisó que es distinto cuando una empresa es sentencia por el SAT, por irregularidades.
Por lo pronto, anunció que a través de la Consejería Jurídica se busca reglamentar que los municipios, órganos autónomos y gobierno del estado, revisen el estatus de las empresas y se identifiquen deficiencias o áreas de oportunidad para evitarlas.
Y es que dijo que actualmente, los contratantes de servicios no están obligados a verificar el estado físico del local o la dirección en donde se establece que esta funcionando el proveedor de los servicios.
Pese a ello, destacó que la reglamentación daría certeza al combate a la corrupción.
Código Fiscal de la Federación Federal – Artículo 69-B.
El código fiscal, establece en ese articulado que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
En este supuesto, el SAT procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.
Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de 50 días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario.
Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.
Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento.
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaracióno declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términosde este Código.
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal Federal.
